La reforma busca equilibrar el acceso responsable a la tecnología en las escuelas, promoviendo la atención educativa y la formación en derechos digitales para estudiantes y familias.
El Senado de México aprobó por unanimidad una reforma que prohíbe el uso libre de teléfonos celulares y otros dispositivos inteligentes en escuelas de educación básica, desde preescolar hasta secundaria, en planteles públicos y privados. Esta medida busca salvaguardar la atención de los estudiantes y promover un ambiente escolar que favorezca el aprendizaje sin distracciones digitales.
Para el nivel bachillerato, la normativa establece que las autoridades escolares deberán realizar asambleas con la comunidad para decidir los momentos permitidos para el uso de estas tecnologías. En el ámbito universitario, la ley promoverá su uso responsable dentro del aula, respetando la autonomía académica.
La reforma modifica el artículo 84 de la Ley General de Educación y destaca que las autoridades educativas deben definir disposiciones mínimas que garanticen el uso seguro y responsable de dispositivos digitales, respetando el federalismo educativo y la autonomía de las instituciones.
El presidente de la Comisión de Educación, Aníbal Ostoa, señaló que la tecnología puede facilitar el aprendizaje siempre que no compita con la atención de los estudiantes, buscando así un equilibrio entre el acceso a herramientas digitales y la calidad educativa.
Sin embargo, voces como la senadora Carolina Viggiano (PRI) destacan la importancia de incorporar la participación directa de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de las reglas, y subrayan que la prohibición por sí sola no es suficiente para educar en el uso responsable de internet, redes sociales e inteligencia artificial. Propone fortalecer la educación digital, abordar riesgos como el ciberacoso y las noticias falsas, e involucrar a las familias en estas dinámicas.
Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio (Movimiento Ciudadano) apoya la regulación pero señala la necesidad de fortalecer la salud mental del alumnado, capacitar adecuadamente a los docentes y establecer garantías claras para la protección de datos personales y la comunicación efectiva entre estudiantes y sus familias.
Esta reforma plantea un paso importante para equilibrar derechos y responsabilidades en el entorno educativo, promoviendo una ciudadanía digital informada y activa en el marco de la democracia y la participación social.
