Un informe conjunto de ONU Mujeres e INE revela que el 96% de las candidatas en el proceso electoral 2023-2024 enfrentaron violencia política de género, evidenciando brechas estructurales que afectan su participación y derechos en la democracia mexicana.
Un reciente informe elaborado por ONU Mujeres y el Instituto Nacional Electoral (INE) pone en evidencia la grave situación que enfrentan las mujeres candidatas durante el proceso electoral 2023-2024 en México: el 96% fueron víctimas de violencia política de género. Este dato revela la distancia entre la paridad formal y la igualdad sustantiva en el ejercicio de sus derechos políticos, afectando la democracia y participación ciudadana.
El estudio, con aportes de 615 candidatas y métodos cualitativos, muestra que la violencia psicológica fue la más frecuente, alcanzando al 95.1% de ellas, manifestada en campañas de desprestigio, amenazas e intimidaciones que buscan deslegitimar su liderazgo. El espacio digital se ha convertido en un escenario de agresiones coordinadas, con cerca del 80% sufriendo ataques mediante cuentas falsas y bots que buscan su deshumanización.
Las formas de violencia sexual y económica golpean la integridad personal y dificultan la operatividad de sus campañas, especialmente en el caso de candidatas indígenas, donde la violencia económica afecta al 77%, evidenciando barreras interseccionales que profundizan la exclusión.
Más alarmante resulta la violencia física, reportada por una de cada cinco candidatas, que incluye agresiones directas y limitaciones territoriales, vinculadas en ocasiones con estructuras de poder locales y crimen organizado. No menos preocupante es que casi la mitad de estas agresiones provienen de sus propios partidos políticos, con un 60% de casos señalando a las dirigencias partidistas como fuente de exclusión y hostigamiento.
El estudio también pone en evidencia la carga invisible de responsabilidades no remuneradas de cuidado, impidiendo la participación plena, especialmente en el ámbito municipal donde el 64% reporta estas tareas y el 77% reconoce su impacto limitante.
Finalmente, la impunidad e insuficiencia institucional constituyen un obstáculo grave: solo el 18% presentó denuncias y apenas el 4% recibió una resolución favorable, perpetuando la invisibilización y desprotección de las víctimas, lo que envía una señal preocupante en términos de derechos y justicia.
Ante este escenario, representantes de ONU Mujeres e INE coinciden en que la paridad numérica no basta. La prioridad debe ser garantizar que las mujeres ejerzan sus cargos sin violencia ni deslegitimación, fortaleciendo mecanismos interinstitucionales de prevención y protección, con la implicación de autoridades, partidos, medios y plataformas digitales.
Este informe evidencia una realidad estructural que limita la participación política segura y equitativa de las mujeres en México, reflejando la persistencia de un sistema patriarcal que desafía la igualdad y los derechos ciudadanos. La resiliencia de las candidatas, manifestada en el 83.6% que consideran postularse nuevamente, es un llamado a transformar las condiciones que obstaculizan su pleno ejercicio democrático.
