La evidencia científica vincula el consumo de alcohol con siete tipos de cáncer, pero la normalización cultural y la falta de políticas públicas efectivas mantienen a la ciudadanía en la ignorancia y vulneran el derecho a la salud y la información.
El reciente lanzamiento de la campaña nacional “El alcohol causa cáncer”, impulsada por el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y organizaciones civiles congregadas en la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), pone sobre la mesa una realidad que México ha preferido invisibilizar: el consumo de alcohol tiene una relación directa y comprobada con al menos siete tipos de cáncer. Esta asociación está respaldada por estudios científicos y por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que clasifica al alcohol como sustancia carcinógena del Grupo 1. No obstante, la normalización cultural y la limitada comunicación pública han dejado a gran parte de la población sin acceso a información clave para decidir sobre su salud y bienestar.
El daño biológico que produce el alcohol es profundo: el metabolito acetaldehído daña el ADN, genera inflamación crónica y altera procesos celulares, siendo especialmente relevante en el desarrollo del cáncer de mama por su impacto en los niveles hormonales. Además, su combinación con el tabaco eleva significativamente los riesgos oncológicos para boca, faringe, laringe y esófago. Sin embargo, el conocimiento ciudadano sobre estos riesgos es insuficiente; aunque se reconoce ampliamente el daño hepático y cardiovascular, menos de la mitad entiende el vínculo con el cáncer, y muy pocos identifican el riesgo de cáncer de mama.
Esta situación evidencia un vacío en la comunicación estatal y el ejercicio efectivo del derecho a la información y la salud, fundamentales para la ciudadanía. En 2022, 4,695 muertes por cáncer estuvieron asociadas al consumo de alcohol; una cifra que urge ser confrontada desde una perspectiva de derechos y participación ciudadana.
El riesgo no se limita a consume elevados; cualquier ingesta representa un potencial daño, lo que choca con discursos que minimizan el problema y privilegian intereses culturales y económicos.
Organizaciones como RASA han presentado propuestas para reformas fiscales y regulaciones más estrictas, tales como calcular el IEPS por litro de alcohol puro, limitar disponibilidad y horarios de venta, prohibir publicidad dirigida a jóvenes y exigir etiquetados sanitarios claros. Estas medidas buscan fortalecer la protección de los derechos ciudadanos y enfrentar la crisis sanitaria que amenaza la democracia y el bienestar colectivo.
Frente a la persistente pasividad del Estado y la ocultación social, esta campaña es un llamado urgente a la reflexión y a la acción colectiva para defender la libertad de expresión, el derecho a la salud y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Solo así será posible romper con la hipócrita indiferencia que mantiene viva una tragedia prevenible y silenciada.
