Una de cada cuatro mujeres en México enfrenta ansiedad, mientras casos de depresión y suicidio aumentan; la insuficiente inversión pública limita el acceso a servicios fundamentales.
En México, los trastornos de salud mental alcanzan niveles críticos, con una de cada cuatro mujeres presentando signos claros de ansiedad. Esta cifra refleja no solo un problema de salud pública, sino también un asunto de derechos humanos y bienestar ciudadano. Sumado a ello, los casos de depresión y suicidio reportan un aumento significativo este año, superando los ocho mil sucesos, revelando la vulnerabilidad de grupos específicos y la urgencia de respuestas efectivas.
A pesar del incremento en la demanda de atención en salud mental, el presupuesto destinado a este sector apenas representa el 2% del total sanitario, una cifra insuficiente que limita la capacidad de respuesta estatal. Expertos y organizaciones de la sociedad civil alertan sobre cómo esta insuficiencia afecta directamente el ejercicio del derecho a la salud, especialmente en colectivos vulnerables como las mujeres.
Este escenario destaca la necesidad de fortalecer políticas públicas con perspectiva de género y derechos, mejorando el acceso a tratamientos y fomentando una conciencia social que reconozca la salud mental como un componente esencial de la ciudadanía y la democracia. Garantizar recursos adecuados y un servicio inclusivo es fundamental para preservar la libertad y dignidad de las personas afectadas.
