Doce muertes en el Centro Penitenciario El Castillo evidencian fallas en seguridad y control, mientras Gobierno federal anuncia construcción de un reclusorio de alta seguridad para proteger derechos y garantizar la seguridad ciudadana.
La reciente ola de violencia que dejó 12 muertos en menos de 48 horas dentro del Centro Penitenciario El Castillo en Mazatlán revela una profunda crisis en el sistema carcelario de Sinaloa, que afecta derechos fundamentales y evidencia deficiencias en el control penitenciario. Ante esta emergencia, el Gobierno federal, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la construcción de un nuevo reclusorio con infraestructura de alta seguridad, financiado con recursos federales y bajo coordinación directa federal. Las muertes ocurrieron durante enfrentamientos armados entre facciones criminales rivales, que han trasladado sus disputas al interior del penal, poniendo en riesgo no solo a los internos sino también a visitantes, como un niño de dos años fallecido en el área de visitas. Las fuerzas de seguridad federales y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social asumieron el control del penal y comenzaron operativos para fortalecer la vigilancia y evitar la circulación de armas. La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, ha ofrecido terrenos para el nuevo centro, aunque aún no se precisan detalles sobre inversión ni cronograma. La Fiscalía General de la República investiga las responsabilidades relacionadas con la omisión de autoridades y el tráfico ilegal de armas. Esta situación plantea un urgente llamado a garantizar la seguridad, proteger los derechos humanos de la población penitenciaria y fortalecer la gestión del sistema para evitar nuevas violencias y vulneraciones de la libertad y dignidad humana.
