Priscila Pacheco Romero denuncia desplazamiento, amenazas y revictimización institucional tras el asesinato de su padre. Su testimonio cuestiona una atención a víctimas que obliga a repetir el dolor sin obtener justicia.
México.- El asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán no terminó con los disparos frente a su domicilio en Taxco, Guerrero, el 25 de abril de 2016: su familia enfrentó desplazamiento forzado, dificultades económicas y un profundo deterioro emocional, denunció su hija, la abogada y activista Priscila Pacheco Romero. De acuerdo con el material proporcionado, el crimen continúa impune diez años después. Su testimonio plantea una pregunta incómoda: ¿qué protección reciben quienes sobreviven cuando buscar justicia se convierte en otra carga?
En una entrevista en DH Podcast: Aquí hablamos derecho, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Pacheco Romero relató que el crimen también provocó amenazas contra colaboradores del medio que dirigía su padre. La pérdida, según su relato, alcanzó el hogar, la estabilidad económica y los proyectos de vida de la familia.
La abogada denunció que ha tenido que narrar repetidamente el asesinato ante distintos ministerios públicos y asesores jurídicos, mientras los procedimientos para obtener protección, apoyo y acceso a la justicia se prolongan durante años. Afirmó que funcionarios incluso cuestionaron a su familia sobre qué había perdido. ¿Cómo puede una atención que obliga a explicar una y otra vez semejante daño responder a las necesidades de las víctimas?
El material refiere que ARTICLE 19 denunció en 2023 la revictimización de la familia Pacheco Romero. También señala que una entrevista publicada en septiembre de 2026 informó que el expediente había cambiado de Ministerio Público por séptima ocasión. Ese relevo reiterado exige una explicación sobre la continuidad de la investigación, aunque por sí solo no permite establecer las causas de la falta de resultados.
El panorama presentado incluye dos mediciones que deben distinguirse. Según el material, Propuesta Cívica advirtió en agosto de 2026 que el 98% de los homicidios de periodistas permanece impune; Reporteros Sin Fronteras documentó 169 periodistas asesinados en México durante las últimas dos décadas y señaló que en 168 casos no se ha identificado al autor intelectual o esclarecido el móvil. No son indicadores equivalentes: uno se refiere a impunidad y el otro a la identificación de quienes ordenaron los crímenes o al esclarecimiento de sus motivos.
La existencia de mecanismos de protección, fiscalías especializadas e instituciones de atención a víctimas no resuelve la pregunta que deja este testimonio: ¿cómo garantizan protección efectiva, atención médica y psicológica y condiciones para reconstruir la vida familiar? El caso interpela a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales y a las instituciones de atención a víctimas sobre sus respectivas respuestas.
Pacheco Romero sostuvo que el Estado les debe verdad, memoria y empatía. Frente a su denuncia, la discusión no puede limitarse al expediente del asesinato: también debe abarcar qué respuestas reciben quienes perdieron a un familiar y, después, tuvieron que abandonar su hogar.
Agencia ANSIC.MX
