DIPUTADA ELISA ZEPEDA Y SUS CONTRADICCIONES FRENTE A LAS MUJERES INDÍGENAS
– Se honra la memoria, pero se ignoran las muertas
Por: Sagrario Martínez Sánchez
El pasado 5 de septiembre, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, la diputada Elisa Zepeda Lagunas tomó la tribuna para recordar que “sin las voces de las mujeres indígenas y afromexicanas no hay democracia plena”. Sus palabras, por sí mismas, parecen irrebatibles. ¿Quién podría oponerse a reconocer la centralidad de las mujeres en la vida comunitaria, política y cultural de Oaxaca? Sin embargo, el problema no es lo que se dice, sino lo que no se hace. Un ejemplo claro es el encarcelamiento, el 6 de septiembre, de dos mujeres indígenas y un bebé de la sierra norte de Oaxaca por pedir justicia.
El discurso es una contradicción, mientras se eleva a las mujeres indígenas como “motor de la justicia y la igualdad”, Oaxaca continúa siendo uno de los estados con mayor número de feminicidios en el país. La memoria de las que “resistieron la opresión” se honra en las palabras, pero se ignora en las cifras y en la ausencia de justicia.
La diputada morenista reconoce avances normativos como el artículo 2º constitucional o el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, como advierte la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, los marcos jurídicos “carecen de eficacia si no se transforman las estructuras discriminatorias que relegan a las mujeres indígenas a una ciudadanía de segunda”. En Oaxaca, las niñas indígenas siguen enfrentando barreras para concluir la educación básica; los hospitales de la sierra y la costa continúan reproduciendo violencia obstétrica, denunciada en múltiples ocasiones por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); y la tierra, que las mujeres cultivan y defienden, sigue siendo controlada mayoritariamente por varones.
En tribuna, Zepeda Lagunas afirmó que “el desafío es transformar el reconocimiento simbólico en acciones concretas”. La contradicción es que esa transformación no ocurre desde hace décadas. Marcela Lagarde, feminista mexicana, ha insistido en que la violencia contra las mujeres es “un crimen de Estado” cuando las instituciones reproducen la omisión, la negligencia o la complicidad. En Oaxaca, esa afirmación se materializa cada vez que una mujer indígena desaparece sin que se activen protocolos adecuados, cada vez que una defensora comunitaria es criminalizada, cada vez que una partera es marginada por el sistema de salud oficial.
La ex titular de la Secretaría de la Mujer de Oaxaca, celebró que las mujeres sostienen la vida comunitaria y han abierto caminos para la democracia. Pero omitió nombrar lo que impide que esa democracia sea plena “la violencia política de género”, que en Oaxaca ha obligado a mujeres a renunciar a cargos por presiones, amenazas o golpes; la exclusión sistemática de las mujeres en sistemas normativos internos, que las relegan a cargos secundarios; la manipulación de sus liderazgos por partidos que las usan como cuota de representación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la participación política de mujeres indígenas en México es “frecuentemente simbólica, limitada y sujeta a prácticas discriminatorias”.
No basta con reconocer la dignidad de las mujeres indígenas en un día conmemorativo. La igualdad no llegará mientras las palabras sigan divorciadas de los hechos. Como han señalado teóricas feministas decoloniales como Yuderkys Espinosa Miñoso, el reconocimiento vacío se convierte en otra forma de colonialidad: se aplaude la resistencia, pero se silencia la denuncia; se celebra la cultura, pero se explota el territorio; se honra la memoria, pero se ignoran las muertas.
El feminismo comunitario lo ha expresado con claridad: “el cuerpo de las mujeres es el primer territorio en disputa”. Y en Oaxaca, esos territorios siguen siendo violentados. Ante ello, el reto no es repetir consignas desde el Congreso, sino garantizar que cada mujer indígena pueda vivir libre de miedo, con acceso real a salud, justicia, tierra y participación política. Porque la memoria sin justicia no es homenaje. Es simulación.
Sagrario Martínez Sánchez / luciasagrariomtz@gmail.com
Afiliada al Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO)